El presidente boliviano Evo Morales, con una hoja de coca

La Paz. Javier ALIAGA/Efe

La eliminación de las 10.000 hectáreas de coca que exceden la cantidad de plantaciones necesarias para consumo legal ha devenido en una bomba de tiempo para el presidente boliviano, Evo Morales, y sus bases cocaleras, justo a un año de las elecciones presidenciales del 2014. La necesidad de reducir ese volumen excedentario de cultivos quedó en evidencia tras la revelación hechas por el mismo Gobierno de que solo se necesitan 14.705 hectáreas de coca para usos legales, casi la mitad de las 23.500 hectáreas registradas en 2012.

El resultado, inesperado para los cultivadores de coca y otros sectores oficialistas, es producto de una docena de inéditos estudios, -ocho de ellos pagados por la Unión Europea (UE)-, realizados desde 2008 sobre el consumo legal de la planta.

Tras la revelación, el problema planteado consiste en decidir qué cultivos serán destruidos hasta dejar el país con 14.705 hectáreas: los de Yungas de La Paz, donde 12.000 hectáreas tienen respaldo legal desde hace 25 años, o los del Chapare, la región cocalera de la que emergió Morales y donde se calculan más de 7.000 hectáreas.

«¿Cómo divides la producción y qué porcentaje le das a cada parte? Eso no es una bomba tiempo, eso es que la mecha está a punto de llegar», alertó estos días el expresidente Carlos Mesa (2003-2005). Para el exmandatario, la situación no es nada fácil pero Morales tiene que asumir su responsabilidad en la solución porque «él generó una lucha, generó una ideología sobre la coca, generó una lógica sobre la coca» y «a él le toca resolverlo».

Sobre el dilema, el analista Jorge Lazarte considera que «el presidente está en un callejón sin salida» porque el exceso de cultivos de coca fue promovido por el mismo Morales desde antes de llegar al poder y luego «dejó hacer» a sus bases con más cultivos, hasta darse cuenta «en el último tiempo de que hay problemas con el narcotráfico».

«El Gobierno está obligado a reducir, aunque no en la proporción que debiera, pero eso sin dudas le creará conflictos con su gente. Él ha creado el problema y están buscando una salida que es difícil de encontrar», sostuvo Lazarte.
Entre 2005, un año antes de llegar Morales al poder, y 2010, los cultivos crecieron en 22%, pero después fueron eliminados en un 19 %.
A juicio de fuentes diplomáticas, Morales se enfrentará en el 2014 a un dilema marcado por la presión de 30.000 ó 50.000 cocaleros, que son un pilar de su Gobierno pero que no representan un gran caudal electoral, y las presiones para avanzar en la erradicación.

Con el estudio quedó claro que si solo son necesarias 14.705 hectáreas de coca para cubrir la tradición ancestral del masticado o «acullicu», proyectos industriales pequeños y los usos en ceremonias andinas o sociales, el resto alimentaría al narcotráfico. La coca, que en Bolivia tiene rango de patrimonio constitucional por el arraigo de su importancia cultural, tiene alcaloides que mezclados con químicos se convierten en materia prima de la cocaína.

Plantación de coca en Bolivia

Aunque Naciones Unidas ha reconocido a Bolivia el derecho de defender el «acullicu» entre sus sectores sociales, también ha remarcado que la hoja sigue en la lista de estupefacientes de la Convención antidroga de 1961 y su exportación está vetada.
El estudio también ha revelado que el consumo de la coca para el uso tradicional necesita 20.690 toneladas, menos de la mitad de las 45.000 toneladas calculadas el año pasado.
Además señala que la población calculada que consume coca es de poco más de tres millones de personas (tres de cada diez bolivianos), de los que un millón la mastican y otros 961.000 le dan un uso medicinal.

El potencial conflicto parece haber activado un reloj de tiempo con el malestar expresado estos días por dirigentes de Yungas y Chapare, poniendo en perspectiva una pelea que puede ser fratricida por la presión del año electoral que viene.

Los dirigentes del Chapare aventuraron que quieren la división a mitades de las 14.000 hectáreas entre las dos zonas, pero en Yungas rechazan la propuesta al afirmar que sus cultivos sí van al consumo legal e insinúan que la de los chapareños, no.
No obstante, la dirigente del grupo campesino Bartolina Sisa, Juanita Ancieta, cercana a Morales, dijo que nunca han abandonado su demanda de tener 20.000 hectáreas de coca reconocidas por la ley y harán campaña por la industrialización y exportación.

Por lo demás, diferenciar qué cultivos de coca se consumen tradicional y legalmente y cuáles se destinan al narcotráfico es difícil, según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, que ha presentado y defendido los estudios sobre la coca.
Romero ha ratificado la voluntad gubernamental de destruir los cocales a un ritmo de 3.000 hectáreas por año, con lo cual, las 14.000 hectáreas se alcanzarían en solo tres años, si finalmente se define qué áreas serán destruidas hasta ese nivel.